América Latina se consolida como el mayor exportador neto de alimentos del mundo, según la FAO
América Latina se ha convertido en el mayor exportador neto de alimentos del mundo, superando a América del Norte a inicios de los años 2000 y mostrando una tendencia al alza desde entonces, señala un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Según El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO, por sus siglas en inglés), esta tendencia se mantendrá en el futuro: para el año 2024 el comercio neto de productos agrícolas de América Latina alcanzaría los US $ 60 mil millones, tres veces el valor observado en el año 2000.
Mientras en África todos los productos básicos principales son importaciones netas, en América Latina, la mayoría de los productos básicos principales son exportaciones netas.
Producto del suministro a Asia y África, una serie de países de América Latina se están situando como los principales proveedores mundiales de algunos de los principales alimentos básicos.
Proyecciones al 2023
Las proyecciones del SOCO señalan que para el 2023, América Latina mantendría su posición superavitaria en la mayoría de los productos básicos.
Las exportaciones netas de cereales secundarios para dicha fecha alcanzarían las 21,8 millones de toneladas al 2023 y las exportaciones de harinas oleaginosas crecerán hasta 49,7 millones de toneladas.
Por el contrario, para los casos de arroz y trigo, la región mantendría su posición comercial con saldos negativos de 1,2 y 7,1 millones de toneladas, respectivamente.
Para el caso del azúcar América Latina proyecta un saldo comercial al 2023 que superaría las 38 millones de toneladas, resultado que se debe en gran parte por el desempeño de Brasil, país que actualmente es responsable de más de la mitad de las exportaciones a nivel global.
Tras América del Norte, América Latina se consolidará como el segundo exportador neto de semillas oleaginosas y aves de corral, las que alcanzaran saldos al 2023 de 57,7 millones de toneladas y 3,7 millones de toneladas, respectivamente.
Programas de compras públicas
El SOCO destaca el potencial de los sistemas públicos de compras de alimentos y de reservas alimentarias como mecanismos claves para la seguridad alimentaria.
Aprovechando su posición única como productor de alimentos, en octubre de este año, América Latina y el Caribe creó su primera red regional de sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos, cuyos primeros países miembros son Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador y San Vicente y las Granadinas.
En Ecuador, el Gobierno aplica un plan de adquisición y distribución de alimentos que proporciona incentivos de precios a los agricultores que cultivan maíz y arroz. Nicaragua ha reactivado su empresa comercial del Estado, ENABAS, que se dedica a la adquisición, almacenamiento y distribución de cereales básicos.
Además de los programas que garantizan mercados más estables para los productores, otros como el Programa de adquisición de alimentos de Brasil, utilizan los alimentos comprados para acumular reservas estratégicas y utilizarlos en sus programas de seguridad alimentaria, como el de alimentación escolar.
A diferencia de muchos otros, el Gobierno brasileño adquiere alimentos a precios de mercado, revisando constantemente los precios que paga a los agricultores, a fin de reflejar los precios en los mercados locales.
Según la publicación de la FAO, Compras públicas a la agricultura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, Brasil posee dos programas de compras públicas a la agricultura familiar: el Programa de Adquisición de Alimentos (PAA), que funciona desde 2003, y el programa de compras vinculado al Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), vigente desde el año 2009.
Juntos, benefician unos 450 mil agricultores familiares por año, lo que proporciona una inyección anual de recursos de USD 700 millones en este sector de la agricultura, proveyendo alimentos sanos a 65 millones de personas.
El SOCO advierte que la complejidad de los programas de adquisición públicos requiere un alto grado de organización y conocimientos especializados sobre las instituciones públicas encargadas. Su costo fiscal puede ser considerable, por lo que su sostenibilidad reviste importancia capital.
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