El consenso imposible del urbanismo en Galicia
Los grupos parlamentarios comparten el diagnóstico de los problemas de la ordenación urbanística, pero discrepan sobre las fórmulas para corregirlos en la nueva Lei do Solo.
El urbanismo sigue sin poner de acuerdo a los partidos políticos. Coinciden en el análisis de lo mucho que está por hacer en materia de ordenación del territorio. Comparten incluso que las administraciones tradicionalmente han dejado hacer, que no ha existido una voluntad política firme de aplicar el marco legal. Ni por parte de los anteriores gobiernos, ni tampoco del actual. Pero son incapaces de llegar a un punto de encuentro sobre la ley que necesita Galicia para un desarrollo racional. El PP destaca la apuesta por una norma que agiliza el planeamiento y propugna un modelo territorial compacto y la mejora integral del paisaje. Los grupos de la oposición objetan, por contra, que desaparece el impulso de la vivienda protegida y de la rehabilitación, y que se favorece la especulación. El consenso que todos invocan es una tarea imposible con el ladrillo.
Aunque en el plano técnico puede que no sea lo más relevante, el combate del feísmo es uno de los aspectos en los que es más visible el fracaso de la ley actual (9/2002). El rigor proteccionista de la norma que los sindicatos agrarios reprobaron como «feita por urbanistas desde o land rover» establecía las herramientas legales para poner coto a las edificaciones de ladrillo visto que pueblan el país. Pero las casas inacabadas siguen ahí. Es la metáfora de la desidia de las administraciones en materia urbanística. Por eso la Xunta convierte su determinación a resolver ese problema en bandera de la nueva ley. Aunque la oposición no ve la novedad. La posibilidad de forzar al propietario a rematar las construcciones inacabadas, con sanciones o incluso con una ejecución subsidiaria de las obras por parte del concello, ya existe. Pero no se aplica. La nueva norma prevé aumentar las multas coercitivas. Pero los alcaldes reiteran que no quieren sancionar a sus vecinos. Desde el PSOE, Xosé Sánchez Bugallo advierte que en ese asunto «ninguén quere facer de malo». Todos los grupos señalan que son necesarias subvenciones para las familias que no pueden pagar las reformas. Esas ayudas ya existen, pero el número de beneficiarios es reducido. Bugallo asegura que la Xunta solo ejecutó 280.000 euros de los 21,9 millones que presupuestó para rehabilitación de vivienda en el 2013.
Fuente: http://www.lavozdegalicia.es
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